En un contexto económico internacional desfavorable que ha repercutido en la actividad de la economía nacional, aunado a diversos factores como una disminución en la plataforma de exportación de petróleo y una disminución en los precios del mismo, que conllevan a una disminución en los ingresos del gobierno, la cual repercute de manera sustantiva en los diversos ámbitos de la sociedad.

Dado el escenario anterior, el Ejecutivo Federal envío al Congreso de la Unión una propuesta de reformas a diversas disposiciones fiscales, las cuales fueron analizadas y estudiadas en primera instancia por la Cámara de Diputados y en su calidad de cámara revisora por el Senado de la República.

La propuesta por parte de los partidos de oposición relativas a un mayor endeudamiento a través de la ampliación del déficit así como de un incremento del precio del petróleo (Criterios Generales de Política Económica) estuvieron vigentes durante el proceso, sin embargo  se reflexionó al respecto y se concientizó que no sería el mejor camino para el país, ya que se traduciría en mayor inflación, una fuerte depreciación en el tipo de cambio del peso respecto al dólar además de una sensible disminución del grado de inversión, y con ello menor generación de empleos.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado llevó a cabo varias sesiones de trabajo, en las cuales se escucharon las voces de los diferentes actores económicos y de la sociedad civil, ejercicio democrático que ha fortalecido el marco de pluralidad e inclusión por parte de los Senadores en un tema central de la economía nacional.

Posterior al intercambio de propuestas y puntos de vista respecto al paquete fiscal, se aprobaron en las Comisiones intervinientes y en su momento por el Pleno del Senado, un conjunto de disposiciones tributarias necesarias dado el complejo entorno económico nacional, mismas que brindarán los recursos necesarios al Gobierno Federal para que éste cumpla algunas de sus tareas fundamentales tales como gasto en educación, salud, seguridad pública y combate a la pobreza, entre otras.

Asimismo, la aprobación de este paquete de disposiciones otorgará certeza a los diversos actores económicos y financieros nacionales y extranjeros lo que se reflejará en mayores inversiones y generación de empleos, así como un crecimiento económico sólido y sustentable.

Dentro  del proceso establecido para la aprobación del Presupuesto Federal para 2010, corresponde ahora a la Cámara de Diputados definir adecuadamente la asignación de los recursos del Estado, esperando que dicha determinación se realice atendiendo las principales necesidades y problemáticas del país.