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Pdte. de la Comisión de Educación
La Comisión de Educación bajo la Presidencia del Senador Fernando Elizondo Barragán
El 8 de febrero de 2007, el Senador Fernando Elizondo Barragán es designado Presidente de la Comisión de Educación, propuesto por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores. En esa fecha la comisión estuvo integrada por 13 senadores: 4 del Partido Acción Nacional; 3 de Partido Revolucionario Institucional; 3 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México; 1 del Partido Convergencia y 1 del Partido Nueva Alianza.
La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado cuyo propósito es integrar el consenso de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, para el desahogo de las de iniciativas de ley en las materias de educación, cultura y derecho de autor, entre otros temas, así como formular pronunciamientos políticos, proponer acuerdos, evaluar políticas públicas y generar propuestas encaminadas al mejor desempeño del Sistema Educativo Nacional.
Durante la gestión del Senador Fernando Elizondo, el trabajo de la Comisión de Educación estuvo enfocado a la construcción de los acuerdos necesarios para analizar y evaluar el marco jurídico en materia educativa, la participación concurrente de los órdenes de gobierno en el proceso educativo, así como la revisión de la participación social y el involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos.
Durante la gestión del Senador Elizondo al frente de la Comisión de Educación destacan los siguientes temas:
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación y a al Código Penal Federal para castigar a las autoridades educativas, directores de planteles y maestros que condicionen los servicios educativos a la entrega de cuotas “voluntarias” solicitadas a los padres de familia en las escuelas públicas, propuesta que no ha prosperado en la Cámara de Diputados.
• Se aprueba la Ley de Infraestructura Física Educativa para que las instituciones educativas públicas y las que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, construyan sus instalaciones con base en normas técnicas y modelos arquitectónicos previamente aprobados por la autoridad competente. La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer la educación ambiental como uno de los fines de la educación, propuesta que no ha prosperado en la Cámara de Diputados
• Se reúnen senadores integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República y de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados con autoridades de la Secretaría de Educación Pública para evaluar los alcances del programa Enciclomedia. La conclusión del encuentro lleva a considerar la necesidad de que las autoridades realicen una investigación sobre los procedimientos de licitación para la adquisición de equipos.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación para que los profesores de educación indígena que no cuenten con el nivel de licenciatura reciban apoyos en capacitación, además de certificar su bilingüismo. También se establece la disposición de que, en las zonas donde habite población mayoritariamente indígena, se distribuyan materiales en la legua indígena que corresponda. Esta propuesta está próxima a publicarse en el Diario Oficial de la federación.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación para que se incluya como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2008.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación con el propósito de que los alumnos con aptitudes sobresalientes puedan certificar sus estudios con base en los lineamientos que al efecto emita la autoridad educativa. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2009.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación para que se incluya como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, el conocimiento de los riesgos de los vicios y adiciones. La reforma se publicó en el diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2008.
• Se aprueba el dictamen en relación con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. No obstante que el proyecto de decreto aprobado por el Congreso de la Unión fue devuelto por el Titular del Ejecutivo Federal a la Cámara de origen con observaciones a su contenido, los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron el dictamen que rechazó los argumentos manifestados por el Ejecutivo en contra del denominado precio único de venta del libro. La nueva ley no representa privilegio alguno para ningún sector de la cadena del libro, ni tendrá costos fiscales su entrada en vigor. Tampoco significa un riesgo para la competencia que actualmente se desarrolla en el mercado del libro, pues no propiciará el desplazamiento indebido de ningún agente económico. En el mediano plazo se espera que el precio único se convierta en un instrumento que contribuya de manera significativa al fomento a la lectura de la población mexicana a partir de la mayor disponibilidad de títulos y ejemplares en el territorio nacional. La nueva ley apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008
• Se llevó a cabo la discusión y aprobación de un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública el número de profesores adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que gozan actualmente de licencia con o sin goce de sueldo en los Estados del país y el Distrito Federal, destacando el hecho de que la autoridad educativa Federal únicamente proporcionó información de 15 entidades federativas en virtud de que la misma la concentran los ejecutivos estatales.
• Finalmente, destaca la elaboración de un proyecto de dictamen para desahogar 24 iniciativas con la finalidad de actualizar diversos conceptos y contenidos en la Ley General de Educación, así como asignar a la autoridad educativa Federal y local atribuciones para el mejor desempeño del sistema educativo nacional. Dicho dictamen se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores meses después de concluida la gestión del Senador Elizondo al frente de la Comisión y fue turnado a la Cámara de Diputados, en donde con modificaciones también se aprobó.
Durante la presidencia del Senador Fernando Elizondo Barragán en la Comisión de Educación se llevaron a cabo 14 reuniones de trabajo para el desahogo de los asuntos turnados a la misma por parte de la Mesa Directiva del Senado de la República.
El 30 de octubre de 2008, El Senador Fernando Elizondo deja la presidencia de la Comisión de Educación con motivo de la solicitud de licencia que tramitó ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
Intervenciones en tribuna
Intervención en relación con la aprobación de la Iniciativa de reformas a la Ley General de Educación y del Código Penal Federal para sancionar a las autoridades que condiciones los servicios de educativos a la entrega de cuotas “voluntarias”; sesión ordinaria del jueves 19 de abril de 2007
Compañeras senadoras, compañeros senadores, esta es una iniciativa que brevemente les voy a resumir, y que creo que está inspirada en un fin muy noble y muy necesario.
Esto se refiere a la gratuidad de la educación pública que es consagrada como una garantía por nuestra Constitución en su artículo 3º.
Todos sabemos que la educación pública es un sistema complejo en que participan las instituciones y participa la sociedad y participan los padres de familia, y en el esfuerzo conjunto hay colaboración de las diferentes partes involucradas.
Aquí nos referimos a la participación de los padres de familia, a las asociaciones de padres de familia que conforme a la Ley de Educación se organizan para colaborar con sus escuelas al mejor desarrollo de sus trabajos. Colaboran en la mejoría de sus instalaciones, en la celebración de eventos, en la programación de actividades, en el apoyo en general al personal de las escuelas.
Y esto es algo necesario, es algo bueno, es algo justificado, porque a final de cuentas la educación es el resultado de un esfuerzo en que concurrimos todos: padres, hijos, maestros, gobierno, instituciones privadas.
Sin embargo, tenemos ejemplos generalizados en la República de situaciones en donde éstas cooperaciones de las asociaciones de padres de familia se han convertido en cuotas obligatorias, se vuelven cuotas que se exigen a los padres y si no se pagan por los padres de familia resulta que no tienen derecho a examen o no tienen derecho a inscripción o no tienen derecho a otros servicios escolares y educativos.
Esta iniciativa lo que establece es, primero, con toda claridad en la Ley de Educación, la prohibición de que se condicione ningún servicio educativo al pago de una cuota o a la participación en la cooperación que debe ser voluntaria por parte de los padres de familia, primero; y, segundo, un elemento importante prevé que en caso de que se viole esta prohibición habrá una sanción para aquel que la viole.
Aquel que incurra en la conducta de condicionar un servicio educativo al pago de una cuota o de una aportación o a una colaboración de padres de familia va a estar cometiendo un delito. Y ese delito tiene por consecuencia, primero, que esté obligado a reparar el daño que hizo, es decir si llega a cobrar la cuota forzosamente va a estar obligado a reponerla; y, segundo, tiene por consecuencia una sanción que en este caso, después de las discusiones que hubo en la Comisión, se determinó que fuera una sanción alternativa o una multa que puede llegar hasta 50 veces el salario mínimo diario, o bien suspensión del empleo, hasta por seis meses, al maestro, director, funcionario que incurra en esta conducta.
Así es que esta iniciativa lo que hace, compañeras, compañeros, es simplemente garantizar la vigencia de esa garantía de gratuidad que tenemos consagrada en la Constitución, y tratar de eliminar las prácticas viciadas que se han desarrollado en la cooperación de padres de familia con las escuelas, de manera que sea realmente una actividad voluntaria, una aportación deseosa de los padres de familia, pero jamás una obligación o un cobro por la educación, que debe ser gratuita
Ese es el contenido y ese es el fundamento de esta iniciativa. Yo los invito a todas y a todos a que votemos unánimemente para respaldarla.
Muchas gracias.