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Pdte. de la Comisión de Educación
La Comisión de Educación bajo la Presidencia del Senador Fernando Elizondo Barragán
El 8 de febrero de 2007, el Senador Fernando Elizondo Barragán es designado Presidente de la Comisión de Educación, propuesto por la Junta de Coordinación Política y aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores. En esa fecha la comisión estuvo integrada por 13 senadores: 4 del Partido Acción Nacional; 3 de Partido Revolucionario Institucional; 3 del Partido de la Revolución Democrática; 1 del Partido Verde Ecologista de México; 1 del Partido Convergencia y 1 del Partido Nueva Alianza.
La Comisión de Educación es un cuerpo colegiado cuyo propósito es integrar el consenso de los distintos grupos parlamentarios de la Cámara de Senadores, para el desahogo de las de iniciativas de ley en las materias de educación, cultura y derecho de autor, entre otros temas, así como formular pronunciamientos políticos, proponer acuerdos, evaluar políticas públicas y generar propuestas encaminadas al mejor desempeño del Sistema Educativo Nacional.
Durante la gestión del Senador Fernando Elizondo, el trabajo de la Comisión de Educación estuvo enfocado a la construcción de los acuerdos necesarios para analizar y evaluar el marco jurídico en materia educativa, la participación concurrente de los órdenes de gobierno en el proceso educativo, así como la revisión de la participación social y el involucramiento de los padres de familia en la educación de sus hijos.
Durante la gestión del Senador Elizondo al frente de la Comisión de Educación destacan los siguientes temas:
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación y a al Código Penal Federal para castigar a las autoridades educativas, directores de planteles y maestros que condicionen los servicios educativos a la entrega de cuotas “voluntarias” solicitadas a los padres de familia en las escuelas públicas, propuesta que no ha prosperado en la Cámara de Diputados.
• Se aprueba la Ley de Infraestructura Física Educativa para que las instituciones educativas públicas y las que cuentan con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, construyan sus instalaciones con base en normas técnicas y modelos arquitectónicos previamente aprobados por la autoridad competente. La nueva ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2008
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para establecer la educación ambiental como uno de los fines de la educación, propuesta que no ha prosperado en la Cámara de Diputados
• Se reúnen senadores integrantes de la Comisión de Educación del Senado de la República y de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados con autoridades de la Secretaría de Educación Pública para evaluar los alcances del programa Enciclomedia. La conclusión del encuentro lleva a considerar la necesidad de que las autoridades realicen una investigación sobre los procedimientos de licitación para la adquisición de equipos.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación para que los profesores de educación indígena que no cuenten con el nivel de licenciatura reciban apoyos en capacitación, además de certificar su bilingüismo. También se establece la disposición de que, en las zonas donde habite población mayoritariamente indígena, se distribuyan materiales en la legua indígena que corresponda. Esta propuesta está próxima a publicarse en el Diario Oficial de la federación.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación para que se incluya como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2008.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación con el propósito de que los alumnos con aptitudes sobresalientes puedan certificar sus estudios con base en los lineamientos que al efecto emita la autoridad educativa. La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2009.
• Se aprueban modificaciones a la Ley General de Educación para que se incluya como uno de los fines de la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial de estudios, el conocimiento de los riesgos de los vicios y adiciones. La reforma se publicó en el diario Oficial de la Federación el 15 de julio de 2008.
• Se aprueba el dictamen en relación con la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro. No obstante que el proyecto de decreto aprobado por el Congreso de la Unión fue devuelto por el Titular del Ejecutivo Federal a la Cámara de origen con observaciones a su contenido, los integrantes de la Comisión de Educación aprobaron el dictamen que rechazó los argumentos manifestados por el Ejecutivo en contra del denominado precio único de venta del libro. La nueva ley no representa privilegio alguno para ningún sector de la cadena del libro, ni tendrá costos fiscales su entrada en vigor. Tampoco significa un riesgo para la competencia que actualmente se desarrolla en el mercado del libro, pues no propiciará el desplazamiento indebido de ningún agente económico. En el mediano plazo se espera que el precio único se convierta en un instrumento que contribuya de manera significativa al fomento a la lectura de la población mexicana a partir de la mayor disponibilidad de títulos y ejemplares en el territorio nacional. La nueva ley apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2008
• Se llevó a cabo la discusión y aprobación de un Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública el número de profesores adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que gozan actualmente de licencia con o sin goce de sueldo en los Estados del país y el Distrito Federal, destacando el hecho de que la autoridad educativa Federal únicamente proporcionó información de 15 entidades federativas en virtud de que la misma la concentran los ejecutivos estatales.
• Finalmente, destaca la elaboración de un proyecto de dictamen para desahogar 24 iniciativas con la finalidad de actualizar diversos conceptos y contenidos en la Ley General de Educación, así como asignar a la autoridad educativa Federal y local atribuciones para el mejor desempeño del sistema educativo nacional. Dicho dictamen se aprobó por el Pleno de la Cámara de Senadores meses después de concluida la gestión del Senador Elizondo al frente de la Comisión y fue turnado a la Cámara de Diputados, en donde con modificaciones también se aprobó.
Durante la presidencia del Senador Fernando Elizondo Barragán en la Comisión de Educación se llevaron a cabo 14 reuniones de trabajo para el desahogo de los asuntos turnados a la misma por parte de la Mesa Directiva del Senado de la República.
El 30 de octubre de 2008, El Senador Fernando Elizondo deja la presidencia de la Comisión de Educación con motivo de la solicitud de licencia que tramitó ante el Pleno de la Cámara de Senadores.
Intervenciones en tribuna
Intervención en relación con la aprobación de la Iniciativa de reformas a la Ley General de Educación y del Código Penal Federal para sancionar a las autoridades que condiciones los servicios de educativos a la entrega de cuotas “voluntarias”; sesión ordinaria del jueves 19 de abril de 2007
Compañeras senadoras, compañeros senadores, esta es una iniciativa que brevemente les voy a resumir, y que creo que está inspirada en un fin muy noble y muy necesario.
Esto se refiere a la gratuidad de la educación pública que es consagrada como una garantía por nuestra Constitución en su artículo 3º.
Todos sabemos que la educación pública es un sistema complejo en que participan las instituciones y participa la sociedad y participan los padres de familia, y en el esfuerzo conjunto hay colaboración de las diferentes partes involucradas.
Aquí nos referimos a la participación de los padres de familia, a las asociaciones de padres de familia que conforme a la Ley de Educación se organizan para colaborar con sus escuelas al mejor desarrollo de sus trabajos. Colaboran en la mejoría de sus instalaciones, en la celebración de eventos, en la programación de actividades, en el apoyo en general al personal de las escuelas.
Y esto es algo necesario, es algo bueno, es algo justificado, porque a final de cuentas la educación es el resultado de un esfuerzo en que concurrimos todos: padres, hijos, maestros, gobierno, instituciones privadas.
Sin embargo, tenemos ejemplos generalizados en la República de situaciones en donde éstas cooperaciones de las asociaciones de padres de familia se han convertido en cuotas obligatorias, se vuelven cuotas que se exigen a los padres y si no se pagan por los padres de familia resulta que no tienen derecho a examen o no tienen derecho a inscripción o no tienen derecho a otros servicios escolares y educativos.
Esta iniciativa lo que establece es, primero, con toda claridad en la Ley de Educación, la prohibición de que se condicione ningún servicio educativo al pago de una cuota o a la participación en la cooperación que debe ser voluntaria por parte de los padres de familia, primero; y, segundo, un elemento importante prevé que en caso de que se viole esta prohibición habrá una sanción para aquel que la viole.
Aquel que incurra en la conducta de condicionar un servicio educativo al pago de una cuota o de una aportación o a una colaboración de padres de familia va a estar cometiendo un delito. Y ese delito tiene por consecuencia, primero, que esté obligado a reparar el daño que hizo, es decir si llega a cobrar la cuota forzosamente va a estar obligado a reponerla; y, segundo, tiene por consecuencia una sanción que en este caso, después de las discusiones que hubo en la Comisión, se determinó que fuera una sanción alternativa o una multa que puede llegar hasta 50 veces el salario mínimo diario, o bien suspensión del empleo, hasta por seis meses, al maestro, director, funcionario que incurra en esta conducta.
Así es que esta iniciativa lo que hace, compañeras, compañeros, es simplemente garantizar la vigencia de esa garantía de gratuidad que tenemos consagrada en la Constitución, y tratar de eliminar las prácticas viciadas que se han desarrollado en la cooperación de padres de familia con las escuelas, de manera que sea realmente una actividad voluntaria, una aportación deseosa de los padres de familia, pero jamás una obligación o un cobro por la educación, que debe ser gratuita
Ese es el contenido y ese es el fundamento de esta iniciativa. Yo los invito a todas y a todos a que votemos unánimemente para respaldarla.
Muchas gracias.
Intervención en relación con la aprobación de la Minuta por la que se aprueba la restitución del Consejo Nacional Técnico de la Educación en la Ley General de Educación; Sesión Ordinaria del jueves 26 de abril de 2007
Compañeras, compañeros, para hacer algunas aclaraciones a los comentarios que nos hace el senador Sánchez Anaya y con mucho respeto para sus comentarios que son bien fundados en la experiencia.
Quiero decir, en primer lugar, este es un dictamen de una minuta que fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la legislatura LIX el 27 de abril del año pasado, hace casi justamente un año por 373 votos a favor y ninguno en contra. Esta misma minuta se aprobó en la Comisión de Educación, en la primera sesión que tuvo esta comisión por allá en noviembre, si mal no recuerdo y se aprobó el dictamen para presentación a esta soberanía.
El propósito de la minuta es restituir a la Ley General de Educación esta figura del Consejo Nacional Técnico de la Educación y los consejos correspondientes en las entidades federativas como órganos de consulta y colaboración con la autoridad educativa de lo dos órdenes de gobierno.
Intervención en relación con la aprobación de dictamen de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro; sesión ordinaria del 29 de abril de 2008
Compañeras y compañeros legisladores: En nombre de las Comisiones Unidas de Educación y Estudios Legislativos, me permito presentar a ustedes el día de hoy el dictamen en relación con las observaciones del titular del Ejecutivo Federal al decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la lectura y el libro.
Como ustedes recordarán, este decreto fue aprobado por ambas Cámaras del Congreso de la Unión en abril del 2006, y devuelto por el Ejecutivo en el mes de septiembre siguiente precisamente cuando iniciábamos nuestra encomienda como legisladores.
Sin duda, se trata de un asunto relevante que ha ocupado no sólo a los diputados y senadores de la Quincuagésimanovena y Sexagésima Legislatura, sino también a importantes grupos sociales, en especial de las comunidades editorial e intelectual de nuestro país.
El amplio debate suscitado por el decreto por el que se expide la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, ha tenido como escenario no sólo a los Poderes de la Unión, sino a la propia sociedad con opiniones a favor y opiniones en contra en relación con un concepto central de la ley, el sistema del precio uniforme de los libros.
El precio único uniforme es un mecanismo para la venta de los libros bajo el cual cada editor o importador fijará un precio para cada edición que regirá de manera uniforme en todo el territorio nacional, tal como se hace en otros países, destacadamente Alemania, Francia y España y como se hace también con otros productos de la industria editorial como las revistas y los periódicos.
Las observaciones del Ejecutivo son de diversos tipos: unas se refieren a cuestiones de forma y otras al Fondo de la Ley y dentro de estas últimas, unas atienden a las atribuciones del Consejo Nacional de Fomento a la Lectura y el Libro y otras, las de mayor trascendencia se dirigen al sistema del precio único del libro. En el tema del precio único, el Ejecutivo observa que este modelo sería contrario al artículo 28 constitucional que prohíbe los monopolios y que su vigencia afectaría la libre competencia y por lo tanto a los consumidores.
Las observaciones del Ejecutivo son respetables y han sido objeto de seria consideración desde que se recibieron, las de forma y las relativas al Consejo Nacional de Fomento a la lectura y el Libro han sido adecuadamente atendidas, sin embargo en cuanto al sistema del precio uniforme, las comisiones dictaminadoras difieren de manera respetuosa de ellas y en el dictamen se explican puntualmente la razón.
Lo que vale la pena destacar aquí es que con esta ley se pretende revertir la concentración del comercio del libro de alto volumen en pocos canales de distribución que con el Poder que les da su capacidad de compra, desplazan a sus competidores, presionan a los editores y terminan por reducir el surtido de libros y las oportunidades de contacto entre lectores y libros.
De acuerdo a la revisión hecha por las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, la fijación del precio único es una práctica que existe y ha dado buenos resultados en diversos países que no obstante operan bajo el principio de economía libre de mercado, por este medio han logrado fomentar la producción editorial, el establecimiento de librerías y el hábito de la lectura en la población.
México es uno de los principales países productores editoriales en el mercado hispanoamericano. Sin embargo sus principales competidores, España, Argentina y Colombia cuentan con disposiciones de orden fiscal y legal que facilitan la comercialización de sus productos, lo que ha reducido significativamente la capacidad competitiva de la industria editorial mexicana.
Las experiencias internacionales muestran que este sistema puede contribuir a que se reduzca el precio de todos los libros, a que se aumente el número de librerías y a que ésta compitan en términos de surtidos de libros y atención a sus compradores.
Sin embargo no ignoramos las voces que advierten de posibles consecuencias negativas por esta medida, ante ellas el Congreso y en especial el Senado, deberemos de permanecer atentos al comportamiento de la actividad de edición, distribución y venta de libros y a la evolución de los precios en el mercado respectivo, para que si en cualquier manera se vieren aspectos adversos no deseados, se hagan las correcciones pertinentes mediante las reformas que procedan.
Estimados compañeras y compañeros:
La educación, la lectura y la cultura, representan la expresión más alta del espíritu de las naciones y el libro es en este sentido el soporte natural por excelencia de la cultura y el conocimiento, con la entrada en vigor de la Ley de Fomento a la Lectura y el Libro, esperamos que los mexicanos dispongan de mayor variedad de títulos y a precios más accesibles, con el presente decreto, deseamos en suma contribuir a que la lectura se ensanche como un hábito nacional y como base de una sociedad mejor.
Por ello, los integrantes de las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, con la opinión y el apoyo de los miembros de la Comisión de Cultura, hemos aprobado el contenido del dictamen en discusión y lo presentamos a ustedes solicitando el voto favorable de esta asamblea.
Es cuanto, señor presidente.
Iniciativa del Senador Fernando Elizondo Barragán
P R E S E N T E
El que suscribe, FERNANDO ELIZONDO BARRAGÁN, Senador por el Estado de Nuevo León e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional del Senado de la República, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con Proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación, con arreglo a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La educación es el medio a través del cual las personas adquieren los conocimientos, habilidades, hábitos, disciplinas y valores que les permiten desarrollarse con plenitud y participar constructivamente en la vida social. La educación es también un medio de realización personal, de igualación de oportunidades entre individuos y, en muchos sentidos, la base del desarrollo social y económico de la Nación.
La socialización del conocimiento tiene en la familia y en la escuela los escenarios de mayor relevancia para la formación de los ciudadanos; el primero forma parte de la esfera de lo privado y, el segundo, pertenece a la esfera de lo público, y es donde el interés general ha depositado recursos y desarrollado políticas públicas a efecto de que la educación contribuya al dinamismo social y al éxito individual.
México tiene uno de los sistemas educativos más grandes del Continente y la sola población que asiste a las instituciones educativas nacionales, más de 32 millones de alumnos, es equivalente a la población total de muchos de los países que integran a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y de muchos otros socios comerciales; proporcionarle servicios educativos a esa magnitud de población no es una tarea fácil y menos cuando se exige que sea de calidad, con pertinencia y equidad.
Debe señalarse, además, que durante décadas la matricula educativa se ha incrementado en más de medio millón de alumnos por año y la sola tarea de atender esta demanda, ha implicado que, como proporción del Producto Interno Bruto, el gasto en Educación sea el más elevado respecto de los demás ramos de ejercicio presupuestal.
En México la inversión más significativa que realiza el Estado mexicano es en educación; la inversión más cuantiosa de la sociedad mexicana es para la formación de sus niños y jóvenes. Sin embargo, los resultados que arrojan las mediciones sobre las competencias que adquieren nuestros hijos en las aulas, aún enfrenta muchos retos y requieren de un mayor esfuerzo de todos los agentes que están involucrados en el proceso educativo; autoridades, educandos, instituciones públicas y particulares, especialistas y, de manera especial, de los docentes.
La Ley General de Educación es la norma que le da sustento a los preceptos constitucionales del artículo tercero y, además, distribuye las competencias de la función social de la educación en los distintos órdenes de gobierno. Por sí misma, la legislación no puede resolver los problemas de calidad que enfrenta nuestro sistema educativo, en contenidos, en instalaciones y en el servicio mismo, no obstante, la legislación puede sentar las bases de ordenación del servicio, de modo que se comprometa a las autoridades federales y locales a una mayor atención e intervención en determinados procesos del ejercicio público de la educación con transparencia y con rendición de cuentas.
Sin duda, el docente constituye el factor humano insustituible en el salón de clases; es el agente de socialización del conocimiento, quien en definitiva traduce los contenidos educativos de los libros de texto en las competencias y habilidades que los educandos habrán de desarrollar a lo largo de su vida. Por ello, para brindarle certeza jurídica a su desempeño profesional, es necesario incidir en los procesos de ingreso y promoción de la labor docente, en función de su desarrollo, compromiso y resultados.
La seguridad jurídica es un valor consustancial a la justicia y a la equidad, y base misma de la existencia del Estado. Sin ella, es imposible concebir un orden que garantice la convivencia ordenada de una sociedad basada en principios democráticos. La seguridad jurídica es al Estado de derecho lo que la legitimidad a la política, es decir, sin una es imposible concebir la otra.
Una de las premisas que implicó el tránsito del carácter federal de la Ley General de Educación a un marco legal de concurrencia entre los distintos órdenes de gobierno fue el Acuerdo Nacional de Modernización de la Educación Básica. Dicho acuerdo tuvo entre sus principios el federalizar los servicios educativos, reconocer al magisterio como elemento esencial del proceso educativo y avanzar hacia esquemas que propiciaran una mayor calidad educativa.
Sin embargo, es necesario dar nuevo cause a los acuerdos nacionales para que los sectores sociales involucrados en el proceso educativo refrenden su compromiso a partir de nuevas premisas que le confieran mayor dinamismo al servicio público que se brinda a más de 32 millones de mexicanos de todas las edades.
Bajo ese concepto, la presente iniciativa se propone desarrollar algunos aspectos sustantivos de la estructura misma del sistema educativo nacional, indispensables para garantizar la colaboración de los sectores públicos y sociales que intervienen en el mismo, bajo el compromiso de afianzar la calidad en la prestación del servicio.
El primero de ellos se refiere a un elemento clave para la construcción y veracidad de los indicadores educativos más comunes: matrícula, cobertura, eficiencia terminal, índice de reprobación e índice de absorción, entre otros. Hasta ahora el sistema trabaja con información sistematizada por los distintos subsistemas y con los datos que proporcionan las entidades federativas, sin embargo, el enunciado jurídico que soporta tal esfuerzo no tiene la contundencia necesaria para crear un instrumento de política pública que incida en la calidad educativa.
Desde esta perspectiva, se considera necesario crear, con los recursos con que cuenta la propia autoridad educativa, un sistema de información que permita regular, coordinar y operar los avances y el desarrollo de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, además de un centro de registro de emisión, validación y registro de documentos académicos, función distinta a la que realiza la Dirección General de Profesiones, cuyas competencias están claramente delimitadas en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, cuya aplicación es de validez general en el territorio nacional en materia de fuero federal.
El sistema vendría a llenar un vacío de responsabilidad pública en cuanto al seguimiento de qué alumnos asisten a qué escuelas, qué pasa con los alumnos que emigran de una entidad a otra o, bien, cómo transitan los alumnos dentro de un mismo tipo educativo. La movilidad estudiantil actualmente se refleja en los instrumentos de medición como deserción escolar, cuando se trata en realidad de procesos de migración temporal de alumnos. Asimismo, la conformación de un sistema de información también contribuiría a dar seguimiento puntual a la labor docente de los profesores, al establecer mediciones respecto del aprovechamiento escolar de sus alumnos y, con esa información, planear la capacitación magisterial.
Por otra parte, un sistema de información de estas características armonizaría las disposiciones de la Ley General de Educación con la reciente promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la cual dispone en su artículo 21 la obligación a nivel Federal de generar un conjunto de indicadores clave, que atiendan como mínimo los siguientes temas: población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda.
El segundo aspecto que se propone incorporar a la ley, es la creación de un mecanismo de concurrencia que garantice la colaboración de los órdenes Federal y estatal de gobierno en el ingreso y promoción de los maestros, de modo que haya un equilibrio y correspondencia en los criterios que permiten acreditar la trayectoria, formación y desempeño de los profesores de educación básica y demás para la formación de maestros de educación básica en todo el territorio nacional con pleno respeto a la soberanía de los gobiernos de las entidades federativas.
En este sentido, se propone que la autoridad educativa federal tenga como una nueva atribución la de establecer, como lo hace para distintos fines, los mecanismos de ingreso y promoción en la labor docente, mecanismos que se refieren a los instrumentos y requisitos necesarios para generar los procesos de ingreso y promoción, y que esta labor sea apoyada por la autoridad educativa local en la operación de la movilidad magisterial en sus respectivas entidades federativas.
De esta forma, se cumplirá uno de los anhelos de los padres de familia y de quienes ejercen la patria potestad de los niños y jóvenes adscritos al sistema educativo nacional, en cuanto a la transparencia en el reclutamiento de los profesores de mayor vocación y experiencia en el servicio docente, para que se reconozca su trayectoria y se elimine cualquier elemento de discrecionalidad o corrupción en la asignación del plazas.
El tercer elemento que se propone incorporar en el contexto normativo de la Ley, es la creación de un mecanismo que le confiera universalidad al sistema tal como ya ocurre en diferentes naciones y regiones del mundo. Se trata de establecer un marco nacional de calificaciones académicas y vocacionales que permita acreditar el aprendizaje alcanzado por cualquier ciudadano conforme a sus estudios, experiencia laboral y formación autodidacta, que atienda estándares generales para la obtención, acreditación y revalidación de certificados, constancias, diplomas, títulos, grados académicos que, eventualmente, podría expedirse por la autoridad educativa con equivalencia a sistemas educativos de otras naciones.
Cabe destacar que actualmente el sistema reconoce la equivalencia de estudios con base en créditos y asignaturas similares a las impartidas en las distintas instituciones de educación superior en el país, cuando lo que se requiere es hacerlo con base en estándares y modelos educativos internacionales que vayan más allá de las carreras que se imparten en las instituciones educativas radicadas en el territorio nacional, sobre todo, cuando el grado de especialización en las profesiones ha alcanzado niveles sin precedentes a nivel mundial y ningún sistema educativo estaría en la posibilidad de atenderlas.
Finalmente, se regula en la Ley un acto de autoridad que ya se ejerce con mucha frecuencia y que muchas veces no es acatado por los particulares en materia de control escolar, ya que la autoridad educativa emite y actualiza disposiciones que, conforme a la dinámica del sistema educativo nacional, se requieren para optimizar y homologar distintos servicios de administración escolar. Cabe destacar que se trata de disposiciones que no alcanzan un rango de ley, sobre todo, porque su naturaleza jurídica es de orden administrativo, como son, la inscripción, reinscripción, revalidación y certificación de estudios en escuelas públicas y particulares.
La presente iniciativa constituye una aportación de elementos que servirán de base para el análisis de los factores que inciden en la calidad educativa en un marco de operación concurrente de responsabilidades públicas, además de reconocer que la facultad de revisión de los planes y programas de estudio, así como el diseño de metodologías y modelos de intervención, constituyen por disposición constitucional, una responsabilidad del Ejecutivo Federal, y es ahí donde la labor adquiere su dimensión sustantiva en cuento a la calidad educativa.
Los elementos de orden jurídico de cualquier democracia, se nutren de la claridad de sus leyes, cuyo sentido impersonal, abstracto y general constituye la base para eliminar cualquier principio de incertidumbre, respecto de la aplicación o interpretación de las normas que configuran nuestro sistema jurídico. Con base en ello, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores el siguiente proyecto de decreto:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII y IX y se adiciona una XIV en el artículo 12; se adiciona la fracción VII y VIII y se recorre la actual VII para convertirse en la fracción IX del artículo 13 y se reforman los artículo 62 y 64, todos de la Ley General de Educación para quedar como sigue:
Artículo 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa federal las atribuciones siguientes:
I.- a la VII.- …
VIII.- Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativo a otro, así como emitir las normas de control escolar y establecer el marco nacional de calificaciones académicas y vocacionales que permita la equiparación correspondiente con sistemas educativos de otros países;
IX.- Regular, coordinar y operar un registro nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro nacional de emisión, validación y registro de documentos académicos y establecer un Sistema Nacional de Información Educativa;
X.- a la XI.- …
XIV.- Regular a nivel nacional los mecanismos de ingreso y promoción de la labor docente.
Artículo 13.- Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus respectivas competencias, las atribuciones siguientes:
I.- V.- …
VI.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VII.- Coordinar y operar un registro estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación y registro de documentos académicos y establecer un Sistema Estatal de Información Educativa coordinado con el Sistema Nacional de Información Educativa.
VIII.- Coadyuvar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de ingreso y promoción a la labor docente, y
IX.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 62.- Los estudios realizados dentro del sistema educativo nacional podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.
Artículo 64.- La Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral o a través de otros procesos educativos no formales e informales.
Los acuerdos que emita la autoridad señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos, competencias o destrezas adquiridos.
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo del Senador Fernando Elizondo Barragán publicado en la Revista Bien Común del mes de mayo de 2007 en relación con la Evaluación Educativa:
Evaluación educativa
Educación
La educación constituye el medio más reconocido y legitimado de realización personal y de socialización del conocimiento. Es un proceso que adopta distintas formas comunicativas cuya incidencia es determinante en la vida individual y colectiva de las personas. En las naciones de mayor índice de desarrollo humano y económico, coinciden niveles altos de matriculación en educación primaria, secundaria y terciaria, circunstancia que expresa el vínculo existente entre desarrollo y educación.
Entendida como un proceso continuo, la educación llega hasta donde cada persona lo decide, motivada por el medio en el que se desenvuelve o las circunstancias de orden social y económico que la rodea; puede suspenderse en cualquier momento o durar toda la vida; tener lugar en la casa, la calle, el aula o, bien, emitirse a través de las tecnologías de la información y comunicación, pero en el mejor de los casos incluye todos los escenarios de la vida diaria, porque todo proceso de comunicación es al mismo tiempo formativo.
También la educación es un mecanismo de transmisión de conductas, hábitos y valores. La familia o el núcleo más cercano de cualquier individuo es definitivo en la integración de su personalidad, en su comportamiento diario y en su deseo de aprender más a lo largo de su vida. Es de destacarse que, no obstante la asociación que se hace entre la escuela y la educación, el aula no es el único lugar donde la gente aprende, sin embargo, constituye el espacio de mayor relevancia en términos de la transmisión del conocimiento y la adquisición de habilidades en la sociedad moderna.
El sistema
Vista como un sistema, la educación se integra de diversos elementos, entre ellos, los educandos y los educadores, los programas y metodologías de estudio, las instalaciones en donde se desarrolla el hecho educativo, el conjunto de normas y principios que orientan la educación, las modalidades y tipos que adopta la impartición de los conocimientos y el desarrollo de las habilidades, así como los medios de que se vale el sistema en su conjunto para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje (la investigación y la tecnología educativa).
Hablar de la educación en términos abstractos no permite observar claramente las proporciones que implica un sistema educativo de un país de más de ciento tres millones de habitantes. La dimensión real es de 32 millones 273 mil 700 estudiantes; 1 millón 700 mil profesores y alrededor de 238 mil centros escolares. Se trata de una estructura en constante aumento que, no obstante el descenso de la tasa de crecimiento poblacional, en sólo una administración de gobierno incrementó la matrícula escolar en más de 530 mil alumnos por año y, al mismo tiempo, enfrentó la creciente demanda de continuidad de estudios de parte de los egresados de distintos niveles educativos. Con respecto a la cobertura, las estimaciones de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar de 2005-2006 fue de 66.9 por ciento en educación preescolar; 94.1 por ciento en educación primaria; 87 por ciento en educación secundaria; 58 por ciento en educación media superior y 25.2 por ciento en educación superior.
En el sistema educativo existen problemas de eficiencia terminal que es necesario atender. Según estudios de la Secretaría de Educación Pública 6 millones de mexicanos no han concluido sus estudios de educación básica (preescolar, primaria y secundaria), circunstancia que agrava los problemas de desigualdad social, de la falta de oportunidades y de desarrollo personal. Dicho estudio señala que, entre el año 2000 y 2005, alrededor de 600 mil nuevas personas que iniciaron sus estudios básicos no pudieron concluirlos por diferentes motivos.
Por otra parte, el sistema incluye alrededor de 238 mil inmuebles al servicio de la educación a los que hay que rehabilitar, mantener, acondicionar o equipar, entre otras tantas actividades. Tan sólo en el sector público, 42 de cada 100 escuelas presentan cuarteaduras; 38 de cada 100 tiene un serio problema en los baños y 35 de cada 100 se inundan en épocas de lluvia. Casi todas las escuelas se edificaron a lo largo del siglo XX.
Aprovechamiento escolar
El aprovechamiento escolar representa uno de los temas más sensibles de la educación. Por ello, es importante repasar los resultados de evaluaciones recientes aplicadas a los alumnos de educación básica. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) creado en el año de 2002, ha realizado diferentes evaluaciones (Excale y Enlace) respecto del aprovechamiento escolar, cuyos resultados son altamente significativos sobre las necesidades reales de nuestro sistema educativo en el contexto de la enseñanza aprendizaje y de la relación de educandos y educadores.
La aplicación de 2005 arroja los siguientes resultados: 18 por ciento de los estudiantes de nivel primaria no alcanzan los niveles básicos de aprendizaje en español y matemáticas y, en el caso de secundaria, el porcentaje es de, al menos, 33 por ciento. En sentido opuesto, el índice de aprovechamiento en escuelas particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios alcanza, cuando menos entre un 60 y 70 por ciento de alumnos con niveles medio y avanzado en español y matemáticas.
Un problema que merece especial atención en México es la lectura, pues los estudios realizados por el INEE en 2005 señalan que 38 y 54 por ciento de los alumnos presentan deficiencias serias en primaria y secundaria, respectivamente. Asimismo, el examen que aplica el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) a los estudiantes que continúan sus estudios al concluir la educación básica, muestra una tendencia que asocia la lectura al éxito en el examen, pues los estudiantes que manifestaron leer mayor número de libros respondieron correctamente mayor número de reactivos. El problema real es que así como no hay un hábito de la lectura en la niñez y la población joven, tampoco existe el hábito en la población adulta.
Mención aparte merece el Programa para la Evaluación de Competencias de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), instrumento que evalúa la capacidad de una persona para resolver problemas prácticos a partir de tres formas de lectura (prosa, documental y aritmética). Con independencia de la calificación que México obtuvo en relación con las demás naciones que integran la OCDE (tema de un análisis particular), nuevamente el problema de la lectura sobresale como un asunto de interés público por la capacidad limitada en comprensión de lectura de nuestros nacionales.
Es evidente que la relación entre aprovechamiento y costo educativo debe ser evaluada cuidadosamente, toda vez que como indican las principales tendencias mundiales, el gasto público destinado a educación, bien aplicado, tiene una relación directa con el desarrollo económico. México no es un país que destine pocos recursos a la educación aunque éstos resulten insuficientes. Si sumamos el gasto total de la educación pública y lo que cuesta la educación impartida por los particulares, se está hablando de una proporción de alrededor del 7 por ciento del Producto Interno Bruto, no obstante que el propósito nacional es alcanzar el 8 por ciento anual. A la educación se le destinaron en 2006 alrededor de 476 mil 609 millones de pesos de recursos públicos, de los cuales el 90 por ciento se aplicó en gasto corriente.
Evaluar en conjunto
No resulta sencillo para ninguna autoridad encontrar la brecha que permitirá resolver los retos que enfrenta el sistema educativo nacional. Existen problemas de cobertura, eficiencia terminal, infraestructura, aprovechamiento escolar, de insuficiencia de recursos, además de calidad en la educación e, incluso, de gobernabilidad y equidad en el sistema. Obvio resulta decir que los problemas se atenderán de manera sistemática y con una visión de conjunto, sin embargo, hay conflictos que únicamente podrán administrarse y otros que requerirán de planes a mediano y largo plazos (transexenales).
No obstante, el único instrumento legítimo con el que contamos es con la evaluación, entendida como un proceso encaminado al conocimiento de la calidad del servicio educativo prestado por el Estado, en el cual se incorporan todas sus partes, incluyendo a las instituciones de educación media superior y superior. Dicha evaluación tiene dos vertientes fundamentales: la primera, como instrumento para valorar los componentes del sistema desde la perspectiva de una política pública eficiente y eficaz y, la segunda, como un procedimiento para evaluar el aprendizaje necesario y significativo en nuestros niños, jóvenes y adultos matriculados en el sistema.
Cabe destacar que en atención a la preocupación que ha desatado el tema de la comprensión de la lectura, por disposición presidencial la prueba denominada Enlace será aplicada en la presente administración nuevamente a los estudiantes de educación básica y, también, a los estudiantes de Educación media superior y superior; por ahora se encuentran en proceso de diseño los instrumentos reactivos que permitirán hacer el análisis.
En México, tradicionalmente se ha evaluado de manera cuantitativa los indicadores de alfabetizacíon, matrícula, cobertura, aprobación, deserción, escolaridad de población adulta, etcétera, sin embargo, a partir del establecimiento del INEE, se han incorporado nuevos indicadores interesantes y, asimismo, instituciones privadas y organizaciones sociales, han contribuido con nuevas metodologías y temas a la evaluación educativa.
En este sentido cobra relevancia los estudios sobre violencia y consumo de alcohol en alumnos de educación primaria y secundaria, así como la exposición al consumo de drogas en secundaria. También la relación que existe entre el grado escolar de los padres de familia respecto del aprovechamiento académico de sus hijos. Todos estos temas vienen a enriquecer el análisis y definición de las políticas públicas para enfrentar los retos del sistema educativo nacional.
Hoy día, concurren a la evaluación educativa muchas instituciones formales y no formales de la sociedad. La pluralidad de opiniones representa el mejor espíritu con el que se puede enfrentar los retos educativos. Sociedad y gobierno, juntos, evaluando cada uno con sus instrumentos el desempeño educativo de los componentes del sistema, es el mejor camino para encontrar nuevas fórmulas y brechas que hagan de la educación un instrumento para el desarrollo nacional y el éxito personal.
En este contexto, es útil hacer un último señalamiento en relación con el debate más reciente en el ámbito legislativo sobre la evaluación educativa. Hago referencia a la iniciativa de reforma que convierte al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en un organismo público descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, además de que la propuesta establece el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación y del Sistema Educativo (SNEESE).
El fondo de la iniciativa, aprobada por el Senado de la República el 30 de marzo de 2006 y turnada a la Cámara de Diputados, es saber quién y con qué grado de autonomía debe realizar la evaluación de la educación en México, si las conclusiones que emita dicha figura institucional serán vinculantes en alguna forma para la Secretaria de Educación Pública y otras dependencias y si los recursos públicos que se le destinen reducirán la capacidad financiera de aquel organismo para desarrollar los proyectos de evaluación.
Habrá que hacer una reflexión profunda. Se ha señalado que, con independencia de la evaluación que realiza actualmente la Secretaría de Educación Pública, numerosas organizaciones sociales, instituciones académicas y centros de investigación se han sumado a este importante esfuerzo que comienza a rendir frutos. No hay que olvidar que la evaluación educativa debe ser continua e integradora de los elementos del sistema, además de estar contextualizada con los retos y circunstancias que aquejan al sector. Sólo de esta forma, la evaluación puede contribuir a que la educación sea un instrumento del desarrollo nacional y, de manera especial, en un elemento de realización personal de nuestros estudiantes.
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